Vol. 7 (2024), pp. 97-120 • ISSN: 2659-5311

http://dx.doi.org/10.33776/riesise.v7.8263

LA IMPORTANCIA DEL BALANCE SOCIAL EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

THE IMPORTANCE OF THE SOCIAL BALANCE IN THE DESIGN OF PUBLIC POLICIES FOR THE PROMOTION OF THE SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY

José Ramón Páez Pareja

jppareja@us.es
Universidad de Sevilla

RESUMEN

El presente trabajo parte de una diversidad entre subsistemas socioeconómicos que debieran verse necesitados de modelos diferenciados para mostrar sus resultados para posteriormente abordar el diseño de políticas públicas de fomento para la economía social y solidaria. Siendo para este diseño donde se precise de un conocimiento previo y caracterización sectorial que puede ser obtenido con modelos de Balance Social, justificándose esto desde el análisis hecho con un estudio de caso abordando la totalidad del sector cooperativista del Ecuador. Donde el análisis de la data obtenida nos permite el correcto diseño de las necesitadas políticas públicas de desarrollo sectorial y extraer conclusiones para extrapolar métodos desde la base de la necesidad de implementar modelos de Balance Social.

ABSTRACT

This work starts from a diversity between socioeconomic subsystems that should need differentiated models to show their results to subsequently address the design of public policies to promote the social and solidarity economy. This design requires prior knowledge and sectoral characterization that can be obtained with Social Balance models, justifying this from the analysis made with a case study addressing the entire cooperative sector in Ecuador. Where the analysis of the data obtained allows us to correctly design the necessary public policies for sectoral development and draw conclusions to extrapolate methods from the basis of the need to implement Social Balance models.

PALABRAS CLAVE

Balance Social, Políticas Públicas, Economía Social y Solidaria, Cooperativas, metodología básica.

KEYWORDS

Social Balance, Public Policies, Social and Solidarity Economy, Cooperatives, basic methodology.

Fecha de recepción: 30/04/2024
Fecha de aceptación: 11/09/2024
Fecha de publicación: 27/11/2024

CÓDIGOS JEL: B410, M140, P460, Z130

1. Introducción

Por encargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador (SEPS), este autor entre 2013 y 2014 creó una nueva metodología básica y un modelo de Balance Social (BS) específico para la economía popular y solidaria (EPS) del país. Un modelo que posteriormente fue utilizado como referencia para la elaboración de otros que fueron hechos para la economía social y solidaria (ESS) existente en la región tal y como nos muestran, entre otros, el trabajo de Espín, Bastidas y Duran (2017).

Durante la aplicación del modelo y una vez finalizado el trabajo teórico y de diseño metodológico, con fecha de corte 21 de diciembre de 2014¹, se realizó un requerimiento de información a la totalidad universo del sector cooperativista del país (3.367 entidades) con un doble objetivo: proceder al establecimiento de una línea base con unos mínimos de cumplimiento normativo, así como para poder caracterizar al universo cooperativista del país desde la perspectiva el Balance Social.

El presente documento, tomando como punto de partida lo anterior, se plantea con la intención de demostrar, desde la práctica centrada en el citado estudio de caso, la necesidad de contar con herramientas de revelación social, o balances sociales, que posibiliten la implementación de políticas públicas de fomento sectorial para la economía social, en nuestro caso la ESS. Herramientas que una vez aplicadas facilitan la caracterización sectorial y por ende el conocimiento certero de un sector sobre el que se pretende actuar. Un planteamiento que será la hipótesis de partida del presente documento y que da pie al objetivo principal de éste, que será demostrar la necesidad de disponer de un modelo de BS de forma previa al desarrollo de políticas públicas para el fomento de la ESS.

Metodológicamente el artículo en sus apartados segundo y tercero realiza una revisión bibliográfica sobre la importancia de disponer de modelos de BS o de revelación social para aplicarlos en la ESS, así como en el apartado tercero introduce el diseño de políticas públicas de fomento sectorial desarrolladas desde el conocimiento previo del sector en el cual se actuará. Continúa en su apartado cuarto con un estudio de caso sobre el modelo de BS diseñado por este autor para el Ecuador, así como con su aplicación y el análisis de la información recopilada. Dando paso al apartado quito para realizar un análisis sobre la utilidad de la aplicación de un modelo de BS para el diseño de políticas públicas de fomento sectorial utilizando como referencia el procesamiento de la información recopilada durante el estudio de caso. Finalmente, en el apartado sexto se extraen y muestran las conclusiones del trabajo.

2. El balance social para la ESS

Los trabajos que inciden en la importancia de la auditoria social o del BS, así como en la estrecha relación existente entre ellos y la ES, son numerosos y continuados en el tiempo como nos exponen Spear (2001), o Subirach y, Suriñach (2021), por citar algunos. Igualmente, también lo son aquellos trabajos que muestran una Responsabilidad Social (RS) propia o intrínseca de la ES y del cooperativismo, como nos presentan Mozas y, Puentes (2010), vinculándola a su idiosincrasia y a unas señas de identidad propia, y diferenciando esta RS de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Por ello, este autor no considera relevante para el desarrollo del presente documento la necesidad de abundar en relación existente entre el BS y ES, Cooperativismo o ESS, al estar dicha relación acreditada por distintos autores. No obstante, si se puede hacer hincapié en un posible argumento de peso para incidir en la necesidad de poseer una metodología y un modelo propio para la ESS que permita medir los resultados de las entidades insertas bajo el paradigma de la ES, Economía Popular y Solidaria (EPS) para el Ecuador, o la ESS. Un argumento basado en la necesidad de no medir los resultados de dos sistemas socioeconómicos, según nos presenta Etzioni (2007), con un mismo modelo y con una misma metodología, ya que estos están sustentados y erigidos sobre principios y fundamentos mayoritariamente distintos entre sí y en determinadas situaciones antagónicos (Páez-Pareja, 2023).

Sin profundizar en el estudio sobre los diferentes subsistemas económicos al no ser objeto de este trabajo, sí hemos de partir de un análisis de la economía como un sistema tripolar de economía mixta (Nyssens, 1997) donde interactúan desde la teoría sistémica diferentes subsistemas socioeconómicos: público, privado (economía del capital) y, social. Donde a su vez, estos están entrecruzados por la solidaridad, la cual los atraviesa a todos al tiempo que no ocupa la totalidad del espacio de cada uno ellos. Motivo por el que todos poseen una parte solidaria, aunque ninguno de ellos es totalmente solidario. Diferentes subsistemas socioeconómicos, que como hemos citado con anterioridad, poseen racionalidades y principios antagónicos, y que por ende debieran de verse necesitados de distintas herramientas para la medición de sus actuaciones. Por tanto, será desde la base de la coexistencia de diferentes modelos socioeconómicos, que debemos poseer distintos modelos contables específicos para cada uno de los subsistemas (figura 1). De modo que la ESS, al igual que debe ocurrir con la ES, estará necesitada de un modelo propio para medir su gestión empresarial desde el cumplimiento de sus principios y fundamentos, un modelo que para nuestro caso es el BS. Un BS específico para la ESS que sea utilizado como herramienta contable con independencia de resto de nomenclaturas y metodologías existentes; aunque no exclusivamente contable.

En la actualidad el término BS está bastante en desuso, al menos en España y Europa como nos citó hace tiempo Mugarra (2001), aunque no tanto para la ES latinoamericana como se constata al ver trabajos más recientes como los de Espín, Bastidas y, Duran (2017). Unos modelos que, aunque elaborados sobre metodologías que poseen nexos en común, han ido cediendo espacio en favor de distintas nomenclaturas y modelos como las de revelación social (Castilla y, Gallardo, 2014) o las monetizaciones sociales (Lazkano y, San-Jose, 2019). No obstante, para la ESS se propone un modelo de BS que sea elaborado no solo como una herramienta contable, pero que incluya dentro de sí los elementos necesarios para que sea considerada como tal, donde a su vez se muestren los resultados de gestión desde un triple balance: económico, social y medioambiental o de compromiso con el entorno. Un modelo de BS que ha de elaborarse, tal cual cita el Libro Verde de la Responsabilidad Social de la Empresas de la UE (2001) en su doble versión: interna y externa; al tiempo que se realizará desde el compromiso con todos sus stakeholders con una mirada similar a la mostrada por Gallardo et al. (2014) para los grupos de interés de las cooperativas. Igualmente, el modelo de BS para la ESS debe ser elaborado con una triple funcionalidad, de modo que no solo muestre los resultados obtenidos, sean estos económicos, sociales o ambientales, desde una visión de transparencia informativa y de rendición de cuentas con los diferentes stakeholders tanto en su visión interna y externa, sino que, a su vez, este también sea implementado y utilizado como una herramienta de gestión de la entidad, y, como herramienta para medir el compromiso con el buen gobierno.

Un modelo de BS aplicable a la ESS que para su diseño necesitará de trabajos previos donde se analicen los principios y fundamentos sobre los que este subsistema socioeconómico se erige. Un trabajo de investigación y revisión bibliográfico que no forma parte del presente documento al realizarse el estudio de caso sobre un modelo de BS aplicado a la EPS del Ecuador, y el cual fue realizado siguiendo las pautas metodológicas anteriormente mencionadas de análisis sobre las bases que erigen este subsistema. De modo que, una vez conocidos estos principios rectores, el modelo de BS para la ESS deberá ser dotado de una serie de indicadores de diversos modelos (cuantitativos, cualitativos, de profundidad, binarios, etc.) que nos midan y pongan de manifiesto el grado de cumplimiento que hacen las entidades insertas bajo el paradigma de la ESS, de los principios sobre los cuales se fundamenta el subsistema. Por tanto, al tiempo que se obtiene información sobre este cumplimiento, obtendremos un análisis detallado sobre la caracterización sectorial del subsistema, lo cual nos posibilitará el diseño de las mencionadas políticas públicas.

3. Políticas públicas para la ESS

Como nos citase Laville (2012), quizás uno de los principales problemas que podemos encontrar para diseñar e implementar políticas públicas de fomento de la ESS, obviando momentáneamente el conocimiento previo referido con anterioridad, puede ser la “separación entre las administraciones que se ocupan de lo social y aquellas que se ocupan de lo económico”. Motivo por el cual se pueden encontrar acciones con derroche de recursos económicos y que estén mal direccionadas, e incluso con escaso impacto social. Aspectos que según el propio autor justifican la necesidad de dedicar algunos recursos económicos a programas de acción y actuación con los actores del territorio que estén realizados desde la base del conocimiento de estos y la interacción con ellos. Asimismo, esta bicefalia en el diseño de las políticas públicas nos genera, ante la falta de un análisis y conocimiento previo de sector en el cual actuar, la consecución de unos fines que pueden ser sociales y solidarios, o económicos, y por tanto, diferentes y generalmente no integrales ni holísticos, en fundición de la administración que las ejecute.

Por su parte, Coraggio (2012) nos trae la discusión entre Von Hayeck (1976) y Polanyi (2001) “sobre el conocimiento necesario para coordinar un sistema económico”, así como la coordinación para la compleja asignación de recursos. Lo que a su vez no introduce en la problemática sobre los distintos modos de conocer y los patrones de conocimiento científico, analíticos, etc., como algo necesario para el diseño de estas. Si bien, dicho conocimiento no debe de realizarse exclusivamente por indicadores cuantitativos. Asimismo, Galera y, Salvatori en CIF-OIT (2015), nos plantean la ESS como un nuevo paradigma que hemos de conocer antes de emprender acciones de desarrollo, para lo cual, son necesarias las políticas públicas implementadas desde los distintos gobiernos. De modo que para el correcto diseño de una política pública, junto a la voluntad política, el conocimiento sectorial es fundamental según los referidos autores.

A su vez, en la mayoría de los trabajos y documentos, como el de Samaniego (2012) sobre el desarrollo de políticas públicas, podemos encontrar diversos puntos en común y un origen similar. Por un lado, observamos la acción gubernamental para el fomento de un determinado sector tomando como base el marco normativo pertinente que posibilite este, y por otro, los estudios, más o menos profundos y amplios, sobre el conocimiento previo del sector que se quiere desarrollar; lo que va a determinar que los resultados de la implementación puedan ser más o menos acertados.

Por último, sobre la base de trabajos de Chavez (2010, 2012, y 2020), y Chavez y, Monzón (2009) las políticas que inciden directamente en el desarrollo de la ES y la ESS se pueden clasificar en: aquellas destinadas a tomar medidas que afecten directamente a las entidades, diferenciando entre las de oferta que se orientan a las estructuras de las entidades, y las de demanda, cuyo fin es ampliar los mercados; y, por otro lado, aquellas que se diseñan para el fomento del empleo. Aunque si avanzamos en el diseño de estas, Chavez y, Monzón (2019) nos citan como elementos característicos de las denominadas políticas públicas de segunda generación, trasponiendo las anteriores: i) que son políticas que se elaboran siguiendo la lógica del bottom-up, ii) priorizan el enfoque holístico, iii) poseen un enfoque ecosistémico centrado en el presupuesto, iv) buscan la trasversalidad. De modo que, con la puesta en práctica de estas, además de fomentar las entidades y organizaciones de la ES, y ESS, se interviene en el territorio al realizar las actuaciones desde el conocimiento de la realidad del sector en el que se actúa.

4. Estudio de caso: Modelo de BS diseñado para la EPS del Ecuador

Entre 2013 y 2014 se diseñó la metodología básica que sustenta al modelo de BS objeto del presente estudio de caso. Aunque fue en mayo de 2014, bajo la fórmula de requerimiento de información para el levantamiento de una línea básica de cumplimiento normativo, cuando el modelo al completo fue difundido y socializado para su elaboración por parte de las organizaciones que componían el sector de la economía popular y solidaria del país. Un nuevo modelo de BS que fue elaborado (Páez-Pareja, 2017) conjugando tres bloques de principios: cooperativos, del buen vivir, y los establecidos en Ley de EPS², y que a su vez en cumplimiento de citada Ley pasaría a ser de obligado cumplimiento en aplicación de la Disposición General Segunda. Una obligatoriedad que rompe la voluntariedad trabajada por Tascón (2012) y que será el elemento que se extrapole para mostrar la necesidad de contar con la implementación periódica de este tipo de modelos que nos permitan diseñar políticas públicas tras el conocimiento de la situación sectorial.

El modelo fue elaborado atendiendo a la ya citada visión sobre la teoría de los stakeholders, así como con una cuádruple funcionalidad, ya que este debía ser implementado por parte del sector cooperativista como:

I)    herramienta de cumplimiento para reportar información al organismo de supervisión y control,

II)   herramienta de transparencia en su versión interna y externa,

III)  herramienta de gestión y herramienta contable de revelación social, y,

IV) herramienta de gobierno cooperativo vinculada a la citada opción de transparencia.

La estructura del modelo fue elaborada siguiendo el desarrollo metodológico anteriormente citado y publicado por Páez-Pareja (2023). Un modo que de forma previa cuenta con una caracterización sobre la composición del tejido asociativo o cooperativista, así como de sus trabajadores; lo cual nos permite conocer y caracterizar ambos colectivos. En la siguiente Tabla (1) se muestra la estructura del modelo, la cual está compuesta por 7 macrodimensiones (MD) y 24 dimensiones (D) que albergan la mayoría de los indicadores (cuantitativos y cualitativos, así como de profundidad y binarios) con los cuales conoceremos el grado de cumplimiento de los principios sobre los que se erige el modelo, y que al mismo tiempo nos permite caracterizar al sector. A su vez, debe destacarse que los indicadores cuantitativos daban pie a la construcción por parte del organismo de supervisión (SEPS) a la elaboración de indicadores cuantitativos de segundo grado y de uso interno.

Una vez validado el modelo con diversas pruebas piloto, entrevistas y focus groups, las organizaciones tuvieron que reportar la información requerida por la Superintendencia entre los meses de marzo y abril de 2014. Para el reporte se utilizó la herramienta de encuestas en formato libre “LimeSurvey”, con la que se diseñó una máscara de reporte adaptada al modelo elaborado de BS. Una aplicación para diseño de encuestas elaboradas en línea que posee código abierto y que está programada o escrita en PHP, utilizando a su vez bases de datos en formato MySQL, PostgreSQL y MSSQL. Una herramienta que fue elegida tras atenderse las necesidades de la Superintendencia y las recomendaciones recibidas por el sector cooperativista durante los procesos de validación del modelo, destacándose entre ellas que esta pudiese:

• homologar el envío de la información,
• posibilitar la comparación de los resultados,
• facilitar la carga de la información al usuario,
• analizar la data y los resultados una vez recibidos, y,
• reducir los costes operativos de las organizaciones supervisadas por la SEPS, ya que, por competencias, los servicios prestados debían ser de carácter gratuito.

Si bien el modelo que se presenta está finalizado, existe la posibilidad de ampliar el mismo para la baremación del cumplimiento por parte de las organizaciones. De modo que, a través del establecimiento de unos mínimos de cumplimiento de los principios (los cuales deben estar reflejados en la norma de cumplimiento anteriormente citada), se asignen unos pesos a los distintos ítems o indicadores para cuantificar el grado de cumplimiento de los principios. Un trabajo mostrado en el Anexo 1, que posibilitaría presentar los resultados en un diagrama de red de araña o radial, donde gráficamente se visualizaría el cumplimiento realizado por parte de cada cooperativa o entidad de la ESS sobre los principios rectores representados en las 7 macrodimensiones (MD) del modelo. Asimismo, se podría finalizar el trabajo iniciado para realizar un análisis multicriterio o multivariante con el cual, una vez cerrado el establecimiento de pesos a los distintos indicadores, se diseñasen fórmulas (Anexo 2 y 3) que posibiliten la creación de un ranking de empresas según el grado de cumplimiento realizado sobre los principios ya citados.

No obstante, diversos cambios institucionales y políticos dentro del país hicieron que no hubiese continuidad en la implantación del citado modelo. Asimismo, la realizaron estudios sectoriales desde la perspectiva del BS se paralizó al no realizarse más requerimientos de información sobre la base de la misma metodología (ni sobre otra diferente), al igual que no se elaboraron normas de cumplimiento mínimo hasta diciembre de 2022³ (siendo esta exclusiva para las cooperativistas de ahorro y crédito). Por tanto, la única data disponible tras el primer levantamiento de información, fechada en 2014, ofrece múltiples posibilidades entre las que se destaca la implementación de políticas públicas sectoriales para el desarrollo de la ESS elaboradas desde la caracterización sectorial, así como para contribuir a la necesidad de contar con herramientas de BS en la ESS que entre otras funciones sean utilizadas de forma previa al diseño de políticas públicas.

4.1. Analisis de la data: Estado del arte de la EPS del Ecuador

Una vez finalizado el modelo, este fue enviado a la totalidad del sector cooperativista del país para su reporte como una solicitud y requerimiento de información sobre las actuaciones realizadas por estas en materia de BS. Aunque como se ha apuntado, este envío se realizó de forma previa a la existencia de una norma que sancionase el incumplimiento hecho por parte de las organizaciones. Una norma que no existía principalmente por el desconocimiento sobre el sector, lo que dificultada la elaboración de esta, motivo por el cual no se podían establecer unos mínimos a cumplir. Por ello, el envío del modelo de BS se hizo con la intención de proceder al levantamiento de una línea base que determinase el citado cumplimento. La fecha máxima para la devolución del modelo cumplimentado a la SEPS (organismo de supervisión y control) tenía como vencimiento el 11 de agosto de 2014 en base a los Oficios Circulares Nº SEPS-IEN-2014-11814 y SEPS-IEN-2014-11813⁴.

Si bien en un principio el modelo estaba diseñado para ser implementado por todas las organizaciones bajo el paraguas de la Superintendencia (cooperativas, asociaciones, mutuas, etc.), se comenzó probando el mismo en las cooperativas al ser estas las organizaciones de la ES sobre las que se creía que existía un mayor grado de organización interna, sistematización de procesos internos e instrumentalización. El universo cooperativista objeto de estudio (Tabla 2) estaba compuesto en 2014 según el catastro de entidades vigente en el momento y atendiendo a la nivelación y segmentación de la época, por: 945 cooperativas financieras (cooperativas de ahorro y crédito - COAC) distribuidas en cuatro segmentos⁵, y 2.422 cooperativas no financieras agrupadas en los sectores: productivos, de servicios (incluye transporte), de vivienda, y consumo (a diciembre de 2022 son 2.636 cooperativas)⁶. No obstante, tal y como se puede comprobar en el nuevo catastro de organizaciones⁷, durante los nueve años transcurridos desde la elaboración del modelo, citado catastro ha sufrido reestructuraciones motivadas por procesos de fusión y absorción de cooperativas, así como por liquidaciones forzosas hechas por la SEPS. Sin embargo, estas modificaciones no alteran sustancialmente los datos macro, ni al futuro del diseño de políticas públicas para el fomento sectorial, aunque sí puede alterar un poco el análisis micro y cualitativo. No obstante, como se ha apuntado, no existe data más actualizada que la aquí mostrada.

Como primera conclusión, y previo a mayor análisis de la data, se debe destacar el éxito del modelo en base a la respuesta obtenida tras la demanda de información hecha. Ya que el porcentaje de encuestas completadas en tiempo y forma, así como reportadas, fue del 40,56%, distribuidas éstas en: un 60,88% perteneciente al sector financiero y un 39,12% perteneciente al sector no financiero. Asimismo, el restante 59,44% de organizaciones del subsistema presentaron la encuesta, o respondieron al llamamiento presentando un modelo de BS de forma incompleta a la fecha de corte para el análisis de la información (21/12/2014).

Desde el análisis de la data se confirma la idea existente sobre el mayor grado de sistematización de procesos y la mayor cantidad de información disponible en las cooperativas financieras —COAC— con respecto a las no financieras. De modo que las COAC respondieron al reporte en un 46,88% (respecto del total de su sector), mientras que por parte del sector no financiero el reporte de información alcanzó solo el 27,37% del su sector. Aunque en valores absolutos estas respondieron en mayor medida al ser, en volumen, un sector con mayor número de cooperativas. No obstante, se ha detectado que, dentro de las COAC, las de mayor tamaño por volumen de negocio, número de sucursales y volumen de activos, las del S4, están actuando con una visión de la RS con escasa visión estratégica y bastante filantropía (similar a las acciones de RS llevadas a cabo por la banca tradicional no social ni solidaria).

En cuanto al tejido societario se constata el importante peso que posee el sector de la EPS, ESS, y el cooperativismo en el país. Pues con algo más de 15 millones de habitantes en 2014 se puede afirmar que al menos el 30% de la población es socio de una cooperativa (Tabla 3), siendo a su vez el 40% mujeres. Además, el modelo de BS posibilita caracterizar tanto al colectivo de socios como de trabajadores, lo que permite realizar diversos estudios de caracterización de estos en base a cuestiones como: 1) sexo y/o género (socios: 56,46% hombre, 42,61% mujer y 0,84% empresas jurídicas); 2) antigüedad (aunque existe una alta rotación de socios y trabajadores, también se constata una alta fidelización); 3) nivel de estudios, nacionalidad o pueblo ancestral (91,63% de los socios catalogados blancos y mestizos); 4) edad, etc. Fruto de esta caracterización se conoce hoy que solo el 5,57% de los socios y socias de las cooperativas son perceptores del Bono de Desarrollo Humano (BDH), lo cual permite desmitificar y deconstruir la idea preexistente sobre que la mayoría de los socios de las cooperativas pertenecen a los estratos sociales con menor poder adquisitivo y con más necesidad de ayuda social por parte de las instituciones del Estado.

Si bien la información disponible es muy extensa al existir 132 indicadores cuantitativos más los binarios y cualitativos, a modo de síntesis se puede presentar la siguiente información como conclusión previa y poseyendo cierta relevancia para ser destacada dentro de cada macrodimensión.

• Dentro de la 1 MD de Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales, hay que decir que las cooperativas financieras generaron más empleo (el 91,16%) que en el sector no financiero (el 8,84%); aunque poseen un alto índice de rotación. Por otro lado, el 75,31% de las cooperativas afirma no realizar acciones de trabajo voluntario o para la comunidad, lo cual rompe con cierta idea contraria preexisten en la sociedad. Asimismo, el 66,8% de las cooperativas considera necesario que sus socios y trabajadores dediquen tiempo a tareas de trabajo de reproducción de la vida. El 75,3% de las cooperativas consideran importante que los trabajadores destinen tiempo a su trabajo de formación, y el 15,6% de estas entregan algún aporte monetario a aquellos trabajadores que realizan trabajos voluntarios para la comunidad. También se debe citar que existen diversos programas como los de compras cooperativas o de comercialización asociativa que apenas alcanzan el 13,59% para el total del volumen de compras y el 2,25% para las ventas, así como de programa salud o de comida para los trabajadores, y los fondos de pensiones o cesantías que tan solo existen en el 7,49% de las cooperativas.
• Dentro de la 2 MD de Asociación voluntaria, equitativa y respeto a la identidad cultural hay que destacar que el 90,62% de las cooperativas posee un documento, una normativa o política que puede estar escrita o no, y mediante la cual se establece el procedimiento para la incorporación de socios. Igualmente, el 88,42% de las cooperativas posee normativas o políticas para regular y establecer los procedimientos de retiro y salida de socios.
• Sobre la 3 MD de Autogestión y Autonomía se debe destacar la práctica paridad de género dentro de la composición societaria de las cooperativas, donde la participación de la mujer es superior al 42%. No obstante, esta no tiene reflejo dentro de los órganos de dirección de estas, puesto que las mujeres solo representan el 12,80% del total de las presidentas de cooperativas (Tabla 4), tienen una representación del 20,97% en los Consejos de Administración, un 22,20% en los Consejos de Vigilancia, y solo el 19,72% llegan a ser las Gerentes de estas; solo 4 de las 35 COAC del S4 poseen una mujer en la gerencia. Igualmente, solo poseen una cuota de representatividad del 25,15% en el resto de las comisiones organizadas en las cooperativas. Asimismo, la mayor participación de las mujeres en los órganos de dirección se produce dentro de las cooperativas vinculadas a la economía del cuidado, siendo esta en las cooperativas de vivienda, consumo y servicios. En otro orden, pero dentro de esta MD, se puede afirmar que la renovación de los cargos no se está realizando tal cual indica la norma, al igual que solo el 49,2% de las cooperativas permite que la información económico-financiera sea conocida por terceros al margen del consejo de vigilancia y del auditor externo.
• Sobre la 4 MD de Participación económica solidaria, y distribución equitativa de utilidades o excedentes, citar el Capital Social total de las cooperativas asciende a USD 649.611.012,15 estando concentrado este en un 90,50% en las COAC; concretamente un 66,86% pertenece a las COAC del S4. Por otro lado, sobre la distribución de beneficios y utilidades, un elevado porcentaje de cooperativas (el 22,64%) que distribuye estos al margen de lo dictado por el artículo 54 de la LOEPS y SFPS, si bien la decisión sobre dicho reparto se produce en el seno de la Asamblea General. Al mismo tiempo, hay que decir que existe una amplia diversidad de programas vinculados a la solidaridad democrática, a la filantropía empresarial y a los procesos colaborativos que, aunque no están muy extendidos, sí manifiestan gran cantidad de beneficios para trabajadores y socios. Como síntesis del aporte realizado por las cooperativas a estos programas, hay que decir que este supone un porcentaje superior al 90% para las cooperativas, quedando pendiente de pago a cargo del trabajador o asociado una cuota inferior al 10% del valor del programa.
• Sobre la 5 MD de educación, capacitación y comunicación hay que decir que el 45,86% de las cooperativas aparentemente no realizan ninguna acción de formación para sus trabajadores o socios, y que el 84,97% de éstas nunca trató con anterioridad el asunto. Igualmente, el 30,99% de las cooperativas afirma poseer planes de formación internos, aunque también hay un 23,15% de cooperativas que afirma realizar actividades formativas sin plan de formación y sin presupuestar previamente. Asimismo, la inversión en formación realizada y destinada a los socios se ha incrementado en un 99,56% respecto a 2012, duplicando la cuantía existente con anterioridad. Asimismo, la destinada a formación de trabajadores se incrementó un 32,35% con respecto al año anterior y ésta supone 2,8 veces el importe destinado a la inversión en formación de socios.
• Sobre la 6 MD de cooperación e integración del sector económico popular y solidario, citar que el 80,59% de las cooperativas no la considera necesaria (en un 63,59%) o no cree que le sea de aplicación. Las operaciones de inversión en cooperativas no financieras con recursos de COAC poseen una escasa relevancia, representando solo el 4,26% de las compras y el 1,59% de las ventas. En cuanto a las operaciones de créditos afectadas a la intercooperación, estas tan solo representan el 12,63% del volumen de negocio total que posee el sector; de modo que el core de negocio principal de las COAC es externo a la EPS y el SFPS. Finamente, solo el 48,9% de las cooperativas afirma buscar y propiciar la integración sectorial, si bien este porcentaje en las COAC se eleva hasta el 70,8%.
• Sobre la séptima MD de compromiso social, solidario, comunitario y ambiental, las actuaciones que realizan las cooperativas para con su comunidad, en especial las de comercio justo, son bastantes escasas, pues el 83,00% de las cooperativas no han tratado antes el asunto o no consideran que le sean de aplicación; lo cual rompe con la idea previa sobre el elevado compromiso comunitario. En cuanto a las acciones de compromiso y desarrollo con la comunidad, las cooperativas que realizan algún tipo de actuación son el 28,57% del total. Asimismo, sobre las actuaciones medioambientales, un 81,47% de cooperativas afirma no haber realizado acciones de este tipo, y el 47,5% de las cooperativas del país desconoce la existencia de normativas medioambientales. Finalmente, sobre el total de las actuaciones contempladas en esta MD se constata un cumplimiento promedio en torno al 25%, así como del 30% en las acciones de compromiso con la comunidad.

4.2 Principales conclusiones sectoriaes para el diseño de políticas públicas

El análisis de la data disponible nos permite conocer con amplitud este subsistema económico y poder abordarlo con políticas públicas para su fomento. Un fomento que se constata en la importancia social y económica que posee el sector para el país, y que se complementa con las siguientes conclusiones sistémicas extraídas de mencionada data:

• Existe en el universo cooperativista del país un gran desconocimiento sobre BS y RS, ya que solo el 18,82% de las cooperativas afirmó tener y desarrollar una metodología de BS, mientras que el 81,18% afirmó no haber aplicado nunca una metodología de BS (1.108 cooperativas de 1.365), aunque sí afirmó realizar o haber realizado de forma dispersa algunas acciones consideradas de RS; lo cual indica cierto conocimiento sobre la materia, aunque sea leve.
• Desde la perspectiva del buen gobierno cooperativo (BGCoop) el 24,5% de las cooperativas afirma no conocerlo, así como el 23,60% afirma poseer un Código de BGCoop. Existiendo casi un 50% de cooperativas que ofrecieron repuestas varias que oscilan entre la realización de algunas actuaciones o considerar que era algo que no les era de aplicación.
• Se puede afirmar, desde un análisis general de la data, la existencia de un porcentaje de cooperativas cercano al 30% del universo, el cual sistemáticamente incumple con la práctica totalidad de los indicadores, sean cuantitativos, de profundidad o binarios; lo cual nos puede indicar la necesidad de una depuración del subsistema. No obstante, al no haberse diseñado una norma de cumplimiento mínimo sobre al reporte de información, no se puede afirmar el incumplimiento ni contrastar el citado valor de cooperativas que incumple.

En base a lo anterior, se puede afirmar que no se detectan fallas importantes en referencia a una posible crisis de gobernabilidad o gobierno cooperativo en el sistema. Aunque sí se observa una concentración en la toma de decisiones dentro de las áreas más operativas y ejecutivas de las cooperativas —gerencia y consejo de administración— en detrimento de los órganos decisorios —asamblea general—. Esto da lugar a un control de las cooperativas por parte pequeños grupos de gerencias y consejos de administración que en algunos casos actúan desde la ausencia de fiscalización y excediéndose en sus funciones. Así como desde la libertad para la toma de decisiones más allá de las meramente operativas, pues adoptan decisiones estratégicas que debieran ser debatidas y acordadas en el seno de las asambleas de socios.

En cuanto a la relación entre el sector cooperativista y el Gobierno se concluye que estas se relacionan con la autoridad para conseguir financiación en forma de subvenciones, al tiempo que hacen los pagos estrictamente necesarios por obligación legal. Igualmente es significativo el desconocimiento existente en parte de las cooperativas del ordenamiento jurídico que regula al sector, lo cual dificulta el cumplimiento de éste y facilita el impago de impuestos, aun habiéndose constatado la existencia de numerosas cooperativas que poseen contratos con servicios profesionales jurídicos y contables para la gestión administrativa de la misma. En principio, la relación existente entre las cooperativas y el Estado es más reactiva que proactiva, al tiempo que se visualiza cómo la relación existente está cambiando por la existencia de mayores mecanismos de control sobre el sector y por la lucha contra la corrupción y la coima, aspectos cada vez más combatidos dentro de los procesos internos de las organizaciones, así como por la formación de los operarios.

La actual estructura del modelo dificulta un análisis pormenorizado sobre la concentración de capitales en personas o grupos, aunque sí se observa una concentración de capital de un 90,50% dentro de las COAC, y en especial, el 66,86% del capital está concentrado en las COAC del S4. La escasa información existente muestra concentración de aportes y certificados en algunas cooperativas y en torno a grupos de socios, lo cual tiene su reflejo en la falta de equidad en la distribución de las utilidades y excedentes aun existiendo limitación por aplicación del artículo 54 de LOEPS. En este orden, el 22,64% de las cooperativas hace la distribución al margen de lo establecido por Ley.

Como conclusión no se aprecian incumplimientos flagrantes de los principios reguladores del sector, si bien existe un cumplimiento moderado de los mismos. Sobre dicho cumplimiento se aprecia un incremento desde la aparición de la SEPS, afirmación que puede hacerse en base a la evolución de los datos entre 2012-2013, así como por el conocimiento de la realidad del sector y la coparticipación en estudios realizados para dicho ente de supervisión y control durante 2014.

5. Análisis sobre la relación entre el BS y el diseño de políticas públicas para el fomento de la ESS

Un análisis teórico sobre la implementación de políticas públicas sectoriales en fomento de la ESS podría comenzar como nos muestran Chávez y Monzón (2019) diferenciando entre aquellas políticas blandas cuya finalidad es la generación de unos ecosistemas favorables que permitan el desarrollo de éstas, y las duras que buscan el impulso económico sectorial. Aunque si buscamos la necesidad de apostar por estas formas organizativas que tradicionalmente han estado excluidas de las políticas públicas de fomento económico, podríamos citar trabajos como los de Lee (2020) con la inclusión de los sectores tradicionalmente excluidos. No obstante, una vez adoptada la decisión de fomentar el subsistema de la ESS como parte de la economía mixta, así como acotado el marco teórico que nos posibilite la implementación de éstas, el primer paso para proceder a su diseño, elaboración e implementación debe sustentarse en un correcto conocimiento de la realidad sectorial, para de ahí continuar con su correcto diseño en búsqueda de la máxima efectividad. Siendo en este punto donde el BS desempeña un rol fundamental al ser la mejor herramienta para conocer esta realidad y sector. Una afirmación que podemos realizar al ser el BS, en sus diversas formas y denominaciones (Mugarra, 2004), la herramienta que nos posibilita tanto mostrar los resultados de cumplimiento de los principios rectores del sector, como todas aquellas acciones que realizan las entidades de la ESS, la caracterización del colectivo societario de la entidad y su vinculación con el territorio.

Para el supuesto que nos ocupa, este trabajo de conocimiento sectorial se realizó con la encuesta ya presentada en los puntos anteriores. Una data extraída del reporte de información en BS realizado por las cooperativas de Ecuador con un margen de confianza del 95% sobre un universo cooperativista superior a tres mil entidades con tasa de respuesta superior al 40%. Lo que nos confirma la necesidad de contar con herramientas de BS para poder diseñar las políticas públicas de desarrollo sectorial en base a las conclusiones ya mostradas y extraídas del análisis de la data, pudiéndose establecer las siguientes líneas de trabajo.

1. Analizando en detalle la data reportada se pueden extraer posibles comportamientos y relaciones de causa efecto entre variables, al tiempo que se pueden ampliar los trabajos de caracterización que nos amplíen el conocimiento sectorial para desarrollar las políticas. Estos futuros estudios realizados utilizando como base la data e información disponible pueden ser:

   1.a. Análisis de sectoriales diferenciando entre el sector financiero y el no financiero analizando el rol de los diferentes stakeholders y su contribución a la consecución de los principios sectoriales.

   1.b. Análisis sectoriales (financiero y no financiero) por segmentos y niveles sobre el grado de cumplimiento y ejecución de las prácticas de responsabilidad social para la ESS.

   1.c. Análisis comparativo entre el cumplimiento de las prácticas de RS-ESS o RSCoop realizadas por las COAC del S4 (tras la nueva clasificación ya citada, S1) y las prácticas de RSE o RSC realizadas por la banca privada no popular ni solidaria cuyo objetivo sea comparar los distintos grados de cumplimiento.

   1.d. Análisis de relaciones de causa-efecto donde se analice el porqué de los incumplimientos o falta de cumplimientos de los valores, fundamentos y principios del sector.

   1.e. Estudios de género, etnia, y pueblo o nacionalidad relacionados con el Buen Gobierno, con la buena gestión, y con la obtención de mejores resultados económicos por las cooperativas. Análisis sustentados en la existencia de indicios que manifiestan mejores resultados económicos y de cumplimiento de principios en cooperativas con mayores porcentajes de citados colectivos.

   1.f. Análisis territorial y sectorial de cumplimiento de principios, relacionando éste con el proceso evolutivo del cooperativismo y la EPS y del SFPS en el país, contrastando la hipótesis de que aquellas cooperativas con mayor historia o antigüedad realizan más número de acciones de RS-ESS o RSCoop, o cumplen en mayor medida con los principios del sector.

   1.g. Análisis sobre la concentración de aportes sociales en escasos socios.

2. Por otro lado, sobre la base de las conclusiones extraídas de la data y sin realizar estudios posteriores en base a la misma, se pueden diseñar las siguientes políticas públicas.

   2.a. Fomento y difusión de las prácticas de BS, así como de socialización de las metodologías de BS, e implementación de éstas en las cooperativas y entidades de la ESS; tomando como base el alto desconocimiento existente (81,18%). Esto a su vez se refuerza con la existencia de un 30% de cooperativas que sistemáticamente incumple la práctica totalidad de indicadores.

   2.b. Fomento y difusión de las prácticas de BGCoop, así como la socialización de las metodologías de BS e implementación de éstas en las cooperativas y entidades de la ESS, tomando como base el alto desconocimiento (24,5%) existente, así como de un porcentaje cercano al 50% que apenas tiene algún conocimiento. Dicho fomento se relaciona y refuerza con la existencia de grupos de gerentes y consejos de administración que gestionan las cooperativas como si fuesen una empresa de capital. Así como en el fomento de la transparencia, concentración de capitales y escasa distribución de excedentes tras la puesta en marcha de más programas colectivos, puesto que se han constatado los beneficios para los socios y trabajadores, pero continúan siendo pocos los existentes.

   2.c. Desarrollo de políticos que erradiquen las brechas de género existentes y mostradas, cuyo objetivo sea, como mínimo, conseguir la paridad entre hombres y mujeres en los cargos de dirección, Presidencias y Gerencias de las cooperativas y del sector.

   2.d. Políticas de formación para trabajadores y cooperativista sobre principios cooperativos, fundamentos de la ESS, prácticas y gestión de entidades de la ESS, …

   2.e. Fomento del compromiso con la comunidad y vinculación al territorio ya que son mínimas las entidades que realizan actuaciones en comercio justo 17% y de compromiso con la comunidad 21,43%.

   2.f. Fomento y desarrollo de prácticas de intercooperación tanto entre cooperativas del mismo sector como entre cooperativas de diferentes sectores, pues la data nos muestra que este tipo de actuaciones en el mejor de los supuestos alcanza a un 20% de las cooperativas de un sector.

6. Conclusiones

Tomando como punto de partida la necesidad de fomentar los sectores estratégicos de la economía de un país, región o territorio, y constatado el carácter estratégico que posee el cooperativismo, la ES y la ESS en la economía mundial así como su alineación con los ODS, se considera necesario tener que dotarnos de herramientas que nos permitan realizar análisis correctos y exhaustivos (en este caso el BS) con el fin de proceder a implementar las mejores y más correctas políticas públicas que posibiliten la optimización de los recursos aportados y obtener los mejores resultados.

El presente trabajo realizando sobre la base de un modelo y un estudio de caso, constata que un buen diagnóstico basado en una herramienta de BS nos permite afinar con los análisis y posteriormente poder diseñar de forma más correcta las políticas públicas de desarrollo sectorial, por lo que la apuesta por las herramientas de revelación social o BS se presenta como necesarias para proceder a la implementación de las correctas políticas de desarrollo sectorial. Unas modelos de BS que deben ser realizados e implementados, si no de manera obligatoria, al menos recomendada y por una amplia muestra representativa que permita el correcto diseño de las políticas. Si bien, como ha quedado patente en el presente documento, modelos socioeconómicos que pueden llegar a ser antagónicos, no debieran de tener una misma herramienta para medir el resultado de sus actuaciones.

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Fuente de financiación

Este artículo no cuenta con fuente de financiación alguna.

Contribuciones del autor

La totalidad del artículo y del trabajo que lo origina ha sido elaborado por el autor del presente.

Anexo 1. Trabajo para establecer pesos y valorar el cumplimiento de principios

Anexo 2. Desarrollo multicriterial

Anexo 3. Desarrollo multicriterial

1 Análisis sectoriales disponibles en http://www.seps.gob.ec/publicaciones y visitados el 04/02/2023

2 Publicada en el Registro Oficial Nº 444 de 10 de mayo de 2011, y última modificación del Reglamento que desarrolla la Ley con fecha del 22 de marzo de 2019 y disponible el 30 de noviembre de 2022 en: https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2018/04/a2_21_reg_LOEPS_mar_2018.pdf

3 https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/JPRF-F-2022-048.pdf

4 Disponibles en https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/SEPS-IEN-2014-11813-CIRCULAR-.pdf visitado el 27/02/2024.

5 En diciembre de 2022 por un cambio en los baremos de la segmentación, así como por liquidación y fusiones forzosas, el total de cooperativas de ahorro y crédito en el país son 445 distribuidas en 5 segmentos)

6 Catastro actualizado de organizaciones disponible en: https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/Actualidad-y-Cifras-EPS-reducido-dic2022.pdf visitado el 27/02/2024

7 Catastros de organizaciones: https://servicios.seps.gob.ec/gosf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf y https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf visitados el 05/01/2024