Huelva 24 noviembre 2020. El departamento de Sociología, Trabajo social y Salud Pública de la Universidad de Huelva ha realizado un estudio sobre el impacto que ha tenido la COVID-19 y la declaración del estado de alarma durante el mes de marzo en el sector de los servicios sociales, tanto en los propios trabajadores como en las condiciones de vida de la población vulnerable y las medidas que se han tomado para mitigar sus efectos.
El estudio ha sido elaborado por la profesora Rocío Muñoz-Moreno y los profesores Alfonso Chaves-Montero, Aleix Morilla-Luchena y Octavio Vázquez-Aguado pertenecientes al Grupo ÁGORA (HU-M648): Grupo de Estudios e Investigaciones Educativas en Tecnologías de la Comunicación, Orientación e Intervención Sociocultural de la Universidad de Huelva que ha financiado la publicación de la investigación en la revista científica PLOS ONE, cuya revista es una de las más importantes del mundo según la base de datos Scopus y al mismo se puede acceder desde este enlace https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241538.
Para su realización se ha contactado con 560 profesionales que trabajan en el área de los servicios sociales tanto en sector público como en el privado, que vienen desarrollando su actividad con una media de 13 años de ejercicio y en la actualidad siguen ejerciendo su labor. Para ello, se les hizo entrega entre el 1 y el 19 de abril de un cuestionario de manera voluntaria, individualizada. A los participantes se le realizaron varias preguntas o ítems basados en cuatro aspectos fundamentales: cómo creen que ha afectado a los servicios sociales; cómo se han sentido los profesionales durante las primeras semanas del estado de alarma; qué conocimiento tienen de las medidas de protección implantadas en los lugares de trabajo; y, finalmente, cómo ha impactado en las condiciones de vida de los grupos vulnerables con los que trabajan.
El estudio revela que la pandemia está afectando de una manera “sin precedentes” al ejercicio profesional y el desarrollo personal de los profesionales que trabajan en los Servicios Sociales. No en vano, más del 53% de los encuestados han manifestado sentirse abrumados por la situación, “a pesar de ser profesionales acostumbrados a trabajar en situaciones de riesgo y estrés”, según se afirma en el artículo. Es más, cerca del 80% de los encuestados estiman que sus funciones han sido alteradas por el decreto del estado de alarma.
Los datos arrojan que es el colectivo de las mujeres el que dice sentirse más abrumado por la situación. Por otro lado, más de dos tercios (69,6%) de los participantes no se han beneficiado de las medidas formativas, prácticamente 7 sobre 10. Es en los centros privados donde más se percibe la implementación de estas acciones formativas, donde casi la mitad de los participantes (46,3%) declara haberse beneficiado de esta medida, frente a un nivel bajo en el sector público (23,9%).
Con estos datos, se ha podido establecer el perfil de la persona que más se ha sentido abrumada por la crisis sanitaria que se corresponde al de una mujer profesional en Trabajo Social, de mediana edad (35-46 años) y sin hijos a cargo.
El estudio también ha preguntado por las medidas implantadas por el Gobierno, concluyendo que el 52% de la población estudiada valora positivamente el grado de preparación y efectividad de dichas medidas.
Atención a los colectivos desfavorecidos
Por otro lado, el 70% de los profesionales que han participado consideran que las condiciones de vida de la población vulnerable empeorarán porque afirman que las medidas que se están implementando para su protección no son las adecuadas. Esto se produce, según se detalla en el estudio “por la percepción de que existen necesidades vitales que no están cubiertas en la atención de estos colectivos”; la parálisis de los proyectos de intervención social (acompañamiento) en relación a la inclusión sociolaboral están dificultando el acceso a potenciales puestos de trabajo para la población vulnerable, junto con la falta de empleo y la situación económica futura que no es muy favorable”.
Asimismo, los encuestados creen que debido a la paralización de los trámites administrativos no es posible percibir y acceder a la Renta Mínima de Inserción Social lo que está agravando las condiciones de vida de la población más vulnerable.
Por otro lado, la suspensión de los Centros de Día y Servicios de Ayuda a Domicilio que no se consideran servicios esenciales genera un problema de conciliación en los cuidadores de personas dependientes y una sobrecarga en sus tareas de cuidado, sin saber en muchos casos cómo afrontar la situación por carencia de recursos, medios, información y materiales de protección para el cuidado de estos dependientes.
El confinamiento también ha afectado gravemente a las personas con problemas de salud mental, a las mujeres víctimas de violencia de género ya sus hijos, en los que en la mayoría de los casos conviven con su agresor; con el hecho de que la mayoría de las personas que utilizan los Servicios Sociales no tienen acceso a los trámites telemáticos y la atención telefónica en ocasiones no es suficiente; el estado de alarma y alerta sanitaria han hecho vulnerable a la población, que hasta ahora sólo se encontraba en condiciones precarias.
Conclusiones
Tras el análisis de todos estos datos, en el estudio se concluye que esta sensación de agobio se asocia con el grado en el que el trabajo de los servicios sociales se ha visto afectado por la crisis sanitaria y el estado de alarma, así como a la percepción de que estos servicios se han visto desbordados. Por esta situación y la alteración de las funciones habituales durante el período de crisis.
La falta de preparación del servicio para hacer frente a una situación como esta, así como la falta de coordinación entre instituciones, la ausencia de instrucciones claras y específicas con las que actuar, el hecho de que no cuente con los medios suficientes para trabajar de manera no presencial y la insuficiencia de recursos humanos con los que afrontar esta situación durante el período de crisis, han contribuido significativamente a generar impotencia y sobrecarga de los profesionales de los servicios sociales que se han visto agobiados por la situación.
