Las ideologías políticas y la religión, con especial atención a la católica, son los pilares sobre los que se edificó la escuela y la enseñanza en la provincia de Huelva durante el primer tercio del pasado siglo XX. Ambos factores influyeron y determinaron la proliferación y la existencia de un tipo de enseñanza y de escuela determinada, tal y como recoge Jesús Ramón Alonso Morrondo en sus tesis ‘Las escuelas privadas en la provincia de Huelva: 1902-1936’, una investigación que tiene como objetivo arrojar luz sobre este período concreto y, en palabras del autor, “contribuir un poco más al conocimiento, siquiera parcial y local, de esa escuela que pese a su importancia no ha recibido ni la atención ni los estudios requeridos”.
En su tesis, Alonso Morrondo advierte de que durante el período estudiado “dos ideologías contrapuestas pugnarán por el espacio privado, íntimo, de la educación y no para procurar su desarrollo y mejora, sino para su control, y por ende el del ciudadano”, dejando patente de este modo el papel capital que desempeñó la política en este ámbito. “En Huelva capital esas pugnas delimitarán cuatro periodos cronológicos. Los seis primeros años del s. XX se caracterizan por el asentamiento progresivo de la escuela pública para pasar, de los años 1906 a 1914 a la expansión programada de la escuela católica temerosa quizá de la pujanza que poseyeron la escuela laica y evangélica en la ciudad en los primeros años del s. XX. De 1914 a la Dictadura nuevos esfuerzos en pro de la escuela pública, aunque ya se perfila su carácter secundario tanto en el espacio que ocupa como en la influencia social que alcanza. Durante la Dictadura, peticiones de préstamos para construir escuelas públicas y política continuista de subvenciones a la escuela no oficial, especialmente la confesional. Finalmente, en la República, durante el primer bienio se concederán subvenciones a siete escuelas particulares y a la sostenida por las Hermanas de la Cruz, cifra que se hace menor ante el desarrollo, siquiera teórico, de la enseñanza pública. En los años finales cerrarán las escuelas de Siurot y los Padres Agustinos, y conocerán nuevos nombres antiguas escuelas y colegios”, resume Alonso Morrondo.
La clase social determina también en este período el tipo de enseñanza y de escuela. Así, los menos favorecidos quedan en manos de particulares que reciben a cambio de su trabajo magras retribuciones de los discípulos y en el mejor de los casos subvenciones municipales; mientras que los más pudientes quedan atendidos bajo la tutela de la Iglesia o influyentes actores sociales.
Alonso Morrondo apunta también a la actividad minera como un actor fundamental para entender la evolución de la escuela durante el primer tercio del siglo XX, ya que, según advierte el autor, la actividad de las compañías mineras no se limita a la extracción del material. “Su poder económico, y por ende político y social es tal que constituyen verdaderas administraciones paralelas que llegan a gestionar la sanidad, el saneamiento o la educación”, recalca. Todo ello se traduce en 1902 en diversos inicios de trámites de apertura y funcionamiento de escuelas (19 solicitudes en la capital, 10 en Riotinto, cuatro en Nerva, cuatro en Silos de Calañas, dos en Tharsis y dos en Zalamea la Real). La principal aportación de estas escuelas se traduce en proveer de un tronco curricular común al alumnado, incorporar el método racional progresivo y la utilización de materiales propios en Aritmética y Escritura. Sin embargo, para Alonso Morrondo son la religión y la Iglesia Católica quienes juegan un papel fundamental en este período, ya que “centraron sus fuerzas en la desaparición de las escuelas evangélicas, racionalistas y laicas” de la época. En su tesis, el autor aporta numerosos ejemplos de cómo la jerarquía católica influyó y presionó para que no llegaran subvenciones a determinadas escuelas, aportando para ello informes que desacreditaban al centro en cuestión. De igual modo, esta jerarquía hará posible que a mediados de la segunda década del siglo XX y hasta el final de la misma la oferta de enseñanza católica crezca de forma notable. Centros, que con el advenimiento de la Segunda República se vieron abocados a llevar a cabo profundos cambios en su funcionamiento interno.
La tesis apunta también que las escuelas más representativas fueron las denominadas “particulares”, así llamadas por estar al frente de ellas un titular que desempeña todas las funciones del centro. El régimen económico de estos centros se basa en las subvenciones que concede en la mayoría de los casos el Ayuntamiento a cambio de la impartición de clases gratuitas a determinado número de alumnos “pobres”, que suelen incorporarse a las aulas en número de treinta o cuarenta.
Veintiuna escuelas solicitaron su apertura y funcionamiento. Nueve en 1902, seis en la década de 1917 a 1927 y cinco en la República. En las primeras, el alumnado asciende a sesenta u ochenta por clase, y deben básicamente su razón de serlo a la permisividad de las autoridades ya que habitualmente es la única escuela de la localidad o no están presentes en número suficiente para atender a las necesidades de la población. Las condiciones de entrada quedan marcadas por la edad, la vacunación y el aseo personal. De horario, asignaturas textos y calendario similar a la escuela oficial, en ellas se imparte enseñanza primaria elemental básicamente, aunque en algunos centros se imparta también educación superior.
Paralelos a las escuelas, los colegios de primera y segunda enseñanza. Un total de 46 colegios que, en no pocos casos, apenas difieren de las escuelas al uso, según apunta el autor de la tesis. “Su distribución desigual por la geografía provincial permite indicar que su instalación fue un fenómeno básicamente capitalino, a buen seguro propiciado por las clases emergentes o aquellas con menos poder económico que sintiesen la necesidad de una educación integral y pudiesen desembolsar la cuantía correspondiente, ya que no reciben subvención alguna. A los veinticinco colegios de la capital se le añaden cinco en Moguer, tres en Ayamonte, dos en Bollullos y uno en once localidades más, sin que pueda advertirse relación entre ellas”, señala. Sus propietarios son en buena medida órdenes e instituciones religiosas. Todos estos datos dibujan un período que queda marcado por la “despreocupación de los poderes públicos en la construcción de un sistema público de educación y el desarrollo imparable de la escuela confesional que solamente se resentirá con la llegada de la República”. La tesis cuenta con la dirección del profesor Sebastián González Losada y el trabajo de Elena Ordóñez.
