Huelva 2 mayo 2020. La pandemia del Covid-19 ha traído consigo un obvio escenario de absoluta excepcionalidad sanitaria, política, social y también en lo tocante a la economía y al mercado de trabajo, un contexto en el que el legislador, el Estado, se ha visto obligado a elaborar, en el marco del prorrogado estado de alarma, sucesivas normas a base de reales decretos-leyes, la cuales han generado y están generando un intenso debate desde el punto de vista del Derecho Social.
Precisamente, esta última coyuntura es la que se ha analizado en los #DiálogosUNIA: Seminarios virtuales sobre el cambio social tras el coronavirus, a través del formato webinar, impulsados por la Universidad Internacional de Andalucía y que ha contado en su segundo seminario con la participación de María Luisa Pérez Guerrero y Juan Carlos Álvarez Cortés, profesores titulares de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de las universidades de Huelva (UHU) y Málaga (UMA), respectivamente.
Más de 250 personas se inscribieron esta semana en el webinar ‘La reforma del Derecho Social de la crisis del Covid-19’, un webinar moderado por Miguel Rodríguez-Piñero Royo, secretario general de la UNIA y catedrático de la Universidad de Sevilla, que destaca que este ciclo #DiálogosUNIA, de carácter gratuito, pretende aportar análisis y reflexión a una situación de emergencia sanitaria con repercusiones en todos los ámbitos. De este modo, el programa aborda temas como las consecuencias del Covid-19 en el mercado laboral; el impacto de la crisis en los recursos humanos; la afectación de los derechos fundamentales en una pandemia sanitaria; el nuevo orden internacional; o el e-learning tras el coronavirus.
Para este esta segunda sesión, la UNIA ha contado con dos expertos de la UHU y de la UMA, que se han encargado de diseccionar las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para paliar la crisis sociolaboral de la pandemia, motivando un interesante debate nutrido con las preguntas lanzadas por las personas que asistieron al seminario online. También estaba prevista la intervención de la profesora de la UHU Emilia Castellano Burguillo, imposibilitada por incidencias técnicas.
Los profesores Maria Luisa Pérez y Juan Carlos Álvarez explicaron al detalle las disposiciones del proceso legislador puesto en marcha a raíz del estado de alarma, en materia de cotizaciones, prestaciones, adaptación de la Ley de Seguridad Social para el régimen de autónomos, expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o el régimen sancionador dispuesto por el Gobierno.
En la parte que tocó a la Mª Luisa Pérez, la profesora de la Facultad de Derecho de la UHU ahondó en las medidas laborales, y también expresó unas palabras de “recuerdo para todas las personas fallecidas en esta crisis sanitaria, una tragedia que ha conllevado dramas en las familias”, así como subrayó el apoyo a los trabajadores “arriesgan su salud para continuar su actividad”.
Pérez Guerrero se refirió a la excepcionalidad de este escenario advirtiendo de que se ha dado lo que ha denominado un “Derecho del Trabajo de Urgencia”, donde “se ha invertido el proceso de la elaboración legislativa, al haber carecido de diálogo social, sin enmiendas parlamentarias, es decir, se ha hecho al revés”, y traducido en reales decretos de urgencia, continuamente rectificados y/o corregidos.
Entre toda la vorágine normativa, se refirió por ejemplo al concepto de teletrabajo o trabajo a distancia, donde se ha comprobado, en general, una “falta de organización” y una aplicación que se aleja de lo que debe entenderse por teletrabajo, ya que “se mezcla la vida familiar, personal, que impide precisamente la conciliación que se busca con este formato, y que obstaculiza el trabajar concentrado al 100, y que plantea enormes dificultades para controlar la prevención de riesgos laborales”. Por ello, ha considerado esta situación de emergencia “una oportunidad para las empresas para reflexionar sobre la aplicación efectiva del teletrabajo”.
Otra medida que ha llamado la atención de los profesores y que ha generado un gran debate social es la del compromiso del mantenimiento del empleo en los casos de ERTEs aplicados por el Covid-19, medida pensada a priori para evitar despidos masivos, pero que en la práctica genera una incertidumbre real, “ya que tenemos un escenario económico evidentemente negativo, con perspectivas que invitan a pensar que muchos ERTE deriven en ERE”. La profesora Pérez Guerrero también tocó en su intervención el proceso de finalización de estos expedientes temporales en la fase que se ha denominado de ‘desescalada’, que plantea dudas en relación a la permanencia de la situación de emergencia por el coronavirus.
Prohibido despedir y “oscuridad” en los textos
Ambos intervinientes han coincidido en que las sucesivas normativas anunciadas han adolecido de una “redacción engorrosa” en muchos casos, que, como en el caso del mantenimiento del empleo o la prohibición del despido, “da lugar a muchas interpretaciones” por la escasa claridad o “indeterminaciones” de la exposición, lo que “ha generado sensación de inseguridad en los operadores jurídicos”. M.ª Luisa Pérez señala que “es de esperar que haya nuevas modificaciones para aclarar puntos anteriores”.
Juan Carlos Álvarez se refirió en este punto de prohibición del despido a la “mala redacción y la oscuridad que se ha visto en los textos, con muchos aspectos que se dejan sin cerrar”. El profesor de la UMA ha manifestado que “esa condición de mantener el empleo es vacua, porque si una empresa tiene que cerrar, cerrará”, y recordó que “cuando se creó esta disposición, se pensaba en un periodo (de estado de alarma y confinamiento) de unos 15 días, y no esta situación que estamos padeciendo, y muchos menos en la llamada desescalada”. Su vaticinio fue claro: “Va a haber muchas empresas que vana a caer a plomo porque no vana poder subsistir, independientemente de que se hayan acogido al ERTE o no”.
Al ser preguntada por el teletrabajo y la fase de desescalada, la profesora afirmó que aquí entra “el miedo de los trabajadores”, que tienen “incertidumbre y temor a la enfermedad”, con empresas que deben prepararse con equipos y medidas de protección y garantizar asimismo el distanciamiento social, puntos que, en su opinión, “debería aclarar el legislador”. Por ello, abogó por mantener el teletrabajo, en aquellos casos que sea posible, hasta que se recupere la normalidad sanitaria, así como por “promover acuerdos sectoriales para determinar quién puede acogerse al trabajo a distancia y quién no, o qué negocios y establecimientos pueden garantizar el distanciamiento social y demás medidas”. En este sentido, Pérez Guerrero ha lamentado que el legislador “parece haber actuado erróneamente o con precipitación”.
Por último, en el turno de preguntas, María Luisa Pérez Guerrero aludió a la necesidad de que en esta fase de desescalada se tenga en cuenta a los agentes sociales (sindicatos) y trabajadores en la negociación para prever la organización del trabajo, y destacó que en Huelva, provincia afectada especialmente por el peso de los sectores hostelero y hotelero, ya se ha empezado a trabajar en esta dirección.
